Delitos Económicos y Financieros en Argentina
Delitos Financieros y Económicos en Argentina: Qué son, cómo se investigan y cuál es su impacto legal
En el contexto actual, los delitos financieros y económicos ocupan un lugar central en la agenda judicial y política de la Argentina. Estos ilícitos afectan directamente a la economía formal, generan desconfianza en los mercados y perjudican a particulares, empresas e instituciones públicas. Como abogados especializados en derecho penal económico, es fundamental comprender el alcance de estos delitos, su marco legal y los mecanismos de defensa disponibles ante una acusación de este tipo.
En este artículo abordaremos qué se entiende por delitos financieros y económicos, cómo se investigan y procesan judicialmente, y cuál es su impacto legal tanto para personas físicas como jurídicas.
¿Qué se entiende por delitos financieros y económicos?
Los delitos financieros y económicos son conductas ilícitas que tienen como objetivo obtener un beneficio patrimonial mediante el uso indebido de recursos financieros, información privilegiada, estructuras societarias o mecanismos de fraude. A diferencia de los delitos comunes, estos se caracterizan por su complejidad técnica, la participación de actores con conocimientos especializados y su capacidad para afectar el orden económico general.
En el ordenamiento jurídico argentino, no existe una única figura penal que abarque todos los delitos financieros o económicos. En cambio, se trata de un conjunto de figuras penales dispersas en el Código Penal y en leyes especiales, como por ejemplo:
- Lavado de activos (Ley 25.246)
- Evasión fiscal y maniobras de elusión tributaria (Ley 27.430 y Código Penal)
- Administración fraudulenta (art. 173 inc. 7° del Código Penal)
- Estafas financieras y piramidales
- Insider trading y manipulación del mercado (Ley de Mercado de Capitales)
- Falsificación de balances o documentación contable
- Delitos bancarios y uso indebido de instrumentos financieros
También se incluyen en esta categoría delitos cometidos contra la administración pública, como la corrupción, malversación de fondos, o negociaciones incompatibles con la función pública.
El común denominador es que todos estos delitos afectan directa o indirectamente el funcionamiento del sistema económico y financiero, erosionando la confianza y generando perjuicios económicos significativos.
Cómo se investigan y procesan los delitos económicos en Argentina
La investigación de delitos económicos requiere de conocimientos técnicos y una estrecha colaboración entre fiscales, jueces, organismos de control y peritos contables. En la mayoría de los casos, las investigaciones son complejas, de largo plazo y requieren el análisis de gran volumen de documentación financiera, bancaria y societaria.
En nuestro país, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP son actores clave en la detección y denuncia de maniobras sospechosas vinculadas con el lavado de dinero y la evasión fiscal. Asimismo, la Comisión Nacional de Valores (CNV) interviene en casos relacionados con el mercado de capitales, mientras que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) actúa en materia de delitos cambiarios y financieros.
El proceso judicial puede iniciarse por una denuncia particular, una querella o de oficio por parte del Ministerio Público Fiscal. En muchos casos, la causa se inicia a raíz de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) emitido por una entidad financiera, lo que dispara una investigación penal.
Durante el proceso, se pueden aplicar medidas cautelares como embargos, inhibiciones generales de bienes, intervención de sociedades y levantamiento del secreto bancario o fiscal. Estas medidas buscan asegurar la recuperación de activos y evitar la continuidad de las maniobras delictivas.
Es importante destacar que en estos procesos también se ven involucradas personas jurídicas, ya que la Ley 27.401 establece la responsabilidad penal de las empresas por delitos cometidos en su beneficio, como el cohecho, el tráfico de influencias o el lavado de activos. Esto significa que no solo las personas físicas pueden ser acusadas, sino también las sociedades comerciales, que podrían enfrentar multas millonarias, suspensión de actividades y hasta la disolución.
Consecuencias legales y estrategias de defensa
Las consecuencias legales de una imputación por delito financiero o económico pueden ser gravísimas. Dependiendo del tipo de delito, las penas pueden incluir prisión efectiva, multas elevadas, inhabilitación para ejercer el comercio o cargos públicos, decomiso de bienes y daños reputacionales irreparables.
Frente a una acusación de este tipo, resulta fundamental contar con una defensa penal técnica especializada en derecho penal económico. La estrategia de defensa dependerá de varios factores, como la prueba recolectada, la etapa del proceso, la existencia de pericias contables contradictorias, o la eventual posibilidad de acuerdos de colaboración o reparación del daño.
Entre las herramientas disponibles para la defensa, se destacan:
- Impugnación de la prueba pericial: Muchas veces, el caso depende del análisis contable o financiero. La participación activa del perito de parte puede ser determinante.
- Cuestiones de legalidad en la obtención de pruebas: Intervenciones telefónicas, allanamientos o levantamiento de secretos bancarios deben realizarse conforme a derecho.
- Negociación con el Ministerio Público Fiscal: En algunos casos, es posible arribar a acuerdos para morigerar la pena o incluso obtener una suspensión del proceso a prueba.
- Demostración de ausencia de dolo o intención de perjudicar: En algunos tipos penales, como la evasión simple o la administración fraudulenta, la carga probatoria recae sobre la intencionalidad del acto.
El asesoramiento preventivo también es clave. Muchas veces, los problemas legales pueden evitarse con una adecuada planificación fiscal, contable y societaria, así como con mecanismos de compliance interno que reduzcan el riesgo penal empresarial.
Conclusión
Los delitos financieros y económicos representan una de las áreas más complejas y sensibles del derecho penal. Su impacto no se limita a la esfera judicial, sino que también afecta la reputación, la operatividad y la viabilidad de empresas y personas involucradas. En este escenario, contar con un equipo legal con experiencia en derecho penal económico se vuelve esencial tanto para enfrentar una causa penal como para implementar estrategias preventivas.
En nuestro estudio jurídico ofrecemos asesoramiento integral en investigaciones por delitos económicos, con una visión estratégica orientada a la defensa técnica y al resguardo de los intereses patrimoniales y reputacionales de nuestros clientes.
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Dr. Juan Pablo Rojas Pascual
